RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE LOS HOSTELEROS POR LOS CIERRES DIMANANTES DE LA COVID

A VUELTAS CON LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE LOS HOSTELEROS POR LOS CIERRES DIMANANTES DE LA COVID

 

Es comúnmente conocido que uno de los sectores más afectados por la covid 19 es la Hostelería, perdiendo el 20 % de la afiliación en 12 meses desde la publicación de Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, y con este; restricciones de movilidad, horarios limitados, y la ausencia de medidas han conllevado que alrededor de 80.000 establecimiento se encuentren cerrados o en situación límite.

Ante esta situación, la pregunta es, ¿Cabe indemnizar a la hostelería por el parón y destrucción de su actividad económica?

La Responsabilidad de la Administración Pública viene regulada hoy en la Ley 40/2015, en cuyo artículo 32 establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran salvo en los casos de fuerza mayor. En este sentido, la doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, a la que se remite también el Consejo de Estado, exige, para que la misma se produzca, que concurran los siguientes requisitos:

  1. Un hecho imputable a la Administración.
  2. Que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar.
  3. Que sea Evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
  4. Que exista Relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido.
  5. Que exista Ausencia de fuerza mayor.
  6. Que el derecho a reclamar no haya prescrito.

El único de los requisitos que puede no cumplirse es el quinto, relativo a la ausencia de fuerza mayor. Para ello, deberá realizarse un estudio de las alternativas efectuadas en cada momento, quizás de la mano de un análisis de las actuaciones de otros países de la Unión Europea.

De igual modo, se dispone en la Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los Estados de Alarma y Sitio, artículo 3,  que quienes como consecuencia de actos o disposiciones durante el estado de alarma sufran perjuicios por actos que no les sean imputables serán indemnizados.

En consecuencia, nos encontramos ante facultades propiamente expropiadoras que nos aproximan a la Ley de Expropiación Forzosa del año 1954. En concreto en su artículo 120 establece que en caso de epidemias (entre otras razones) se adoptases medidas que supongan un detrimento o destrucción, el particular dañado tiene derecho a una indemnización.  Que se apreciará en función de los rendimientos que se hubieran dejado de percibir.

El 25 de abril de 1997 el Tribunal Supremo se pronunció sobre un caso similar que  puede servir de precedente para la situación actual.

Dado que las resoluciones fueron tomadas por el Gobierno de España, la competencia para el planteamiento de estos procesos sería el Tribunal Supremo, o los respectivos Tribunales Superiores de Justicia en cuanto a las Normas Autonómicas.

GARCIA-GRAELLS

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