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Una introducción a los abusos en la ampliación de capital de Banco Popular

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Es muy frecuente que tras haber planeado con mimo las vacaciones tan esperadas durante todo el año, éstas no se correspondan con lo realmente contratado a través de nuestra Agencia de Viajes.

La gran mayoría de los problemas surgen como consecuencia de los cambios de alojamiento sin previo aviso, por muy distintas excusas, lo cual, a la postre, puede frustrar el recuerdo de lo que iban a ser unas maravillosas vacaciones.

Las Agencias de Viajes, como intermediarios entre el Consumidor y los Mayoristas de Viajes, ejercen habitualmente de comercializadores de los llamados “Viajes Combinados” regulados originariamente por la Ley 21/1995 de 6 de julio, y posteriormente, por el Real Decreto 1/2007 de 18 de noviembre de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Las Agencia de Viajes, como operadores del Sector, tienen la obligación de ser veraces en la exposición de las condiciones de los Viajes que ofertan, por cuanto son ellas las que están en contacto con las entidades Mayoristas a las que no tienen acceso los Clientes, y por ende, todo aquello que ofertan les vincula desde el punto de vista jurídico, al igual que a una entidad financiera le vincula la veracidad de las características de los productos de inversión que pudiera ofrecer.

Así las cosas, resulta objeto de obligaciones que la información que nos faciliten venga detallada por escrito, en Folletos Informativos que nos deberán entregar durante la información sobre el viaje que nos estén ofertando, pudiendo exigir que nos sea entregada copia por escrito.

El artículo 4 de la Ley de Viajes Combinados, ya establecía que debía suscribirse por escrito el correspondiente contrato, con todas sus cláusulas, donde debería hacerse referencia, entre otras cosas a el destino del viaje, los medios de transporte con sus características, las fechas, horas y lugares de salida o regreso, así como la categoría del alojamiento.

Como decimos, todas estas cuestiones vinculan no solo al Mayorista, sino también a la Agencia de Viajes que comercializa el Viaje frente al Consumidor dado que es el enlace entre uno y otro, no siendo exigible al Consumidor que deba adoptar ninguna precaución previa o que tenga que realizar sus propias investigaciones para verificar la información que se le facilite.

Pero, ¿qué ocurre si aquello que nos han vendido finalmente no se corresponde con lo que debía ser?

El artículo 152 del Real Decreto 1/2007 de 18 de noviembre de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el organizador o detallista tiene la obligación de facilitar al consumidor un programa o folleto informativo, claro y preciso sobre la oferta del Viaje Combinado.

Es muy importante, por dicho motivo, que guardemos todos los folletos informativos entregados previamente a efectos de prueba, por cuanto, conforme al artículo 153 de la citada norma, tienen efecto Vinculante para el organizador y el detallista del Viaje Combinado.

La responsabilidad frente al Consumidor será solidaria de cuantos empresarios hubieren intervenido, ya sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato o no, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos.

Los incumplimientos de cualesquiera de las condiciones o características contratadas, darán lugar a responsabilidad por incumplimiento de Contrato, y por tanto, conforme a la normativa de aplicación podremos reclamar una indemnización económica por el  perjuicio sufrido como consecuencia del abono realizado y de la realidad de lo percibido.

Si por ejemplo pagamos por un alojamiento de 4 estrellas, cuyo coste según el Mercado Mayorista para las fechas contratadas era el doble que el realmente disfrutado, deberemos reclamar la restitución del 50% de lo pagado.

Así mismo, el incumplimiento también podría conllevar un perjuicio moral reclamable.

En conclusión, resulta esencial que cuando contratemos un Viaje Combinado guardemos hasta el final del mismo todos los documentos que hubieran formado parte de la Oferta. Igualmente, a los efectos de una futura reclamación, convendrá que guardemos cuantos justificantes acrediten las condiciones y características del Servicio deficientemente prestado con el fin de salvaguardar nuestro derecho, dado que quién reclama tiene la obligación de probar los hechos alegados.

La recuperación del cien por cien de una inversión financiera en un procedimiento judicial, incluso con los gastos habidos o comisiones sufridas, no es una cuestión sencilla. Por ello, es necesario contar con unos servicios jurídicos expertos en la materia. Para la efectiva recuperación del cien por cien de una inversión financiera en un proceso contra una entidad financiera por mala praxis, es necesario que la petición que se le haga al Juez sea estimada en su totalidad, es decir, que sea “jurídicamente perfecta”, en cuyo caso, se producirá la estimación total de la Demanda, declarándose el negocio como “nulo” o “inexistente” debiendo restituirse las partes aquello que fue objeto del mismo. La Nulidad “radical” no caduca nunca. 

Para que la estimación sea total, es necesario poder cuantificar tanto lo invertido, como los beneficios que se hubieren obtenido durante la inversión para su devolución al Banco, y que la acción sea estimada en su totalidad, provocando la nulidad del negocio. Solo en el caso de que la petición sea estimada en su totalidad, existirá la condena en Costas a través de la cual se podrá recuperar los gastos judiciales. Por ello es sumamente importante que la elaboración de la reclamación judicial sea perfecta en cuanto a las peticiones, dado que se trata de una materia muy especializada con multitud de productos complejos, cuantificando de forma precisa lo que se pide, pues caso contrario, no se obtendrá una estimación total y por tanto, no se recuperará el cien por cien de lo invertido.

Además de la acción de nulidad que se basa en el error o vicio en el consentimiento a la hora de contratar provocado por el carencia informativa sobre el producto financiero al no haber facilitado la entidad toda la información que debía, cabe formular de manera subsidiaria la Acción de Indemnización de negligencia del Comisionista Mercantil. Decimos que conviene por cuanto es muy habitual que las entidades financieras aleguen en la Acción de nulidad ha caducado si han pasado más de 4 años desde la inversión. Si bien la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dictado que este plazo hay que contarlo desde la fecha de Vencimiento del producto, dado que también podría haber transcurrido a la fecha de interposición de la Demanda, es conveniente anudar también la citada acción de por negligencia.

Los efectos de la estimación de una u otra acción son distintos dependiendo del producto financiero y el valor que éste tenga a la fecha de la Sentencia.

Para el caso de la acción de Anulabilidad o Nulidad, en caso de ser estimada, se ordenará la devolución a la entidad del producto, con los beneficios que nos hubiera dado, y la entidad condenada deberá reintegrarnos la totalidad del importe de nuestra inversión con intereses y  Costas.

Sin embargo, para el caso de ser estimada la acción de negligencia, el resultado será una indemnización coincidente con la pérdida patrimonial constatable que nos hubiera producido el producto financiero, la cual, será la inicial menos el valor del producto a la fecha de Sentencia más intereses legales y Costas. En este último caso, seguiremos siendo titulares del producto y su valor, el cual, podrá variar a mejor o a peor. En el caso de la Nulidad o Anulabilidad, corresponderá también ser resarcido de las Comisiones que nos hubieran cobrado por la Custodia o Administración de los Valores en el supuesto de ser acreditadas.

Es posible, por tanto, recuperar la totalidad del daño patrimonial sufrido por una inversión financiera, incluso las Comisiones, para lo cual, será necesario afinar mucho en las peticiones, teniendo en cuenta distintos factores dependiendo de la Acción que se ejercite, para lo cual, es muy recomendable contar con un buen Informe Pericial que analice los productos y exponga las pérdidas adecuadamente cuantificadas.

Para todos los casos que formulamos en GARCÍA-GRAELLS ABOGADOS, contamos con un Informe Pericial emitido por nuestro Perito de cabecera, el Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, D. PROSPER LAMOTHE FERNANDEZ, uno de los más reputados expertos en Mercados de Valores y Finanzas, todo lo cual, supone un importante apoyo de la acción y de la reclamación concreta que se realiza, además de exponer en el Juicio las características y complejidades de los distintos productos.